Jubilación, pensiones y gasto público

    Hace unos días, el Gobierno español ha declarado su intención de subir la edad de jubilación a 67 años para que el sistema de pensiones pueda aguantar algo más de tiempo.

    Sin embargo, no se ven muy claras las ventajas de esta medida, que parece bastante contradictoria. ¿Por qué? 

    Muy sencillo: tenemos cientos de miles jóvenes con mucho más potencial productivo que los mayores de 60 años. Pero no tienen posibilidad de entrada en el mercado laboral español, que se encuentra colapsado. Hay una gran cantidad de gente que rinden bastante por debajo del 100% (en parte, por la edad, el cansancio y la disminución de facultades físicas y mentales) y en cambio hay unos jóvenes con enormes ganas de trabajar y poner en práctica lo estudiado durante 20 años de su vida, en vez de prolongar artificialmente su formación y tener que estudiar dos carreras y varios masters hasta los 30 años porque no hay puestos de trabajo para ellos (o, en el mejor de los casos, verse años y años con becas miserables, sin un mínimo de estabilidad).

    ¿No es eso ilógico y poco coherente?

    Para que las pensiones estuvieran garantizadas se podrían recortar diversas partidas de gastos:

    - Bajada de sueldo de un 40% a los políticos en general, desde ministros hasta alcaldes y concejales de pequeños municipios, pasando por senadores, diputados, delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas o directores generales. Tanto como se proponen recortes de gasto público, deberíamos empezar por la casta política.

    - Eliminación de Planes E, 2000E y demás ayudas al consumo. Las empresas que no sean viables, deberían caer y terminar quebrando. Es ley de vida. ¿No estamos en una economía de libre mercado? Pues que se aplique en serio, nada de subvencionar a fondo perdido negocios que no sean rentables.

    - Eliminación de la jubilación de políticos por trabajar (si se le puede llamar así) sólo 8 años.

    - Acabar con el pozo sin fondo que representan algunos gastos de nuestros dirigentes, como los coches oficiales o las reformas de despachos.

    - Suprimir la monarquía, o en su caso rebajar drásticamente la asignación a la Casa Real (como están haciendo otros países europeos). No tiene sentido que en el siglo XXI unas personas, por el hecho de haber gestionado bien la transición a la democracia y por ser de “sangre azul” tengan derecho a comer de nuestros impuestos de forma vitalicia. Sería más razonable una república con un sistema centralizado de administración territorial, al estilo francés. Buscando la eficacia y eficiencia. Ya sólo eliminando esto conseguimos ahorrar 10 millones de euros anuales.

    - Aplicar la justicia de verdad. Igualdad y cumplir los deberes y responsabilidades que nos tocan a cada español. Quien cometa un delito (sea el que sea) que se pase en la cárcel 10 años sin ver la luz y haciendo trabajos útiles, ya está bien de que las prisiones españolas parezcan hoteles de cinco estrellas. Quien robe de las arcas públicas, 20 años sin ver la luz o cadena perpetua. Para quien mate, podríamos plantearnos la restauración de la pena de muerte.

    - Dejar de financiar con dinero público a la Iglesia Católica, los colegios religiosos y otras confesiones (evangélicos, musulmanes, judíos). Eliminar o reducir en gran medida las subvenciones a las ONG's, que precisamente significa Organizaciones No Gubernamentales. Si es cierto que no son gubernamentales, que se financien por su cuenta, con las cuotas de sus socios y colaboradores o con otras fuentes que no dependan del dinero público. Al recibir tantas subvenciones estatales y de otros organismos públicos, dejaría de tener sentido que se llamasen ONG's, más bien serían OSG's (Organizaciones Sï Gubernamentales).

    Sólo con esto lograríamos, no sólo garantizar las pensiones, sino que si hacemos números, hasta podríamos subir el importe de las pensiones mínimas.