Más pruebas de la viabilidad de las pensiones

    Observando diversos comportamientos y actitudes, da la sensación que la mayoría de los españoles se han dejado convencer y creen que realmente las pensiones no son viables. Es decir, otorgan credibilidad al discurso oficial. Pero se puede demostrar que la inviabilidad del sistema de pensiones no deja de ser un mito que, si se analiza en profundidad, carece de bases sólidas.

    Un mito es una creencia popular fundada en diferentes razones y que la mayoría de la gente da por buena, pero que es claramente falsa, o en cualquier caso sólo una verdad a medias.

    Primer mito: España ya gasta mucho en pensiones

    FALSO: datos a considerar (no son opiniones ni creencias subjetivas, vienen del EUROSTAT):

    1) PIB español per cápita es el 91% del promedio de la UE-15 (100%).
    2) En cambio, el gasto en protección social en España es el 19,7% del PIB mientras que el promedio de la UE-15 es el 28,3% (es decir, casi nueve puntos porcentuales por debajo).
    3) La pensión media contributiva en España es sólo el 68% de la pensión media contributiva de la UE-15.
    4) Y la pensión media no contributiva es sólo el 46% (ni siquiera la mitad) del promedio de la UE-15.


    Segundo mito: Asumir que la esperanza de vida mide los años que las personas viven y disfrutan de las pensiones

    En otras palabras, el mito consiste en asumir que como la esperanza de vida en España ha crecido en cuatro años en los últimos tiempos (dato objetivo cierto), el promedio español vive ahora cuatro años más y por lo tanto se beneficia de las pensiones cuatro años más.

    Es FALSO. Contraejemplo numérico:

    1er caso:

    Juan muere a los 60, Manolo a los 80, por lo tanto esperanza de vida 70, número total de años de pensiones actual entre los dos, 0+15=15.

    2do caso:

    Ana muere a los 71, María muere a los 71, por lo tanto esperanza de vida 71, número total de años de pensiones actual entre las dos, 6+6=12. Menos con más esperanza de vida, como se puede observar.

    La cuestión está en comprender que en España la esperanza de vida ha aumentado no sólo porque los viejos duren más (que también ha influido, sin duda, pero no es el único factor) sino porque menos personas jóvenes fallecen a una temprana edad. 

    Tercer mito: El promedio es el indicador más adecuado para el análisis de las pensiones.

    FALSO, porque no se tienen en cuenta las variaciones del promedio (es falso al menos si se tiene en cuenta la equidad además de la eficiencia económica por ser éste un aspecto tan delicado para la cohesión social). Es un hecho estudiado que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Ejemplificando para que se entienda: un trabajador no cualificado tiene, a los sesenta años, un nivel de salud similar al de un banquero tiene a los setenta años. Es injusto, por lo tanto, perdirle al primero que continúe trabajando dos años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años.

    Cuarto mito: El crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo

    El argumento basado en este mito proclama que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, porcentaje que la sociedad no podrá absorber. Es una noticia alarmante (lo que puede pasar en el 2060) que requiere una intervención ya y ahora (se disminuyen los beneficios de los pensionistas este año, como empezando a retrasar la edad de jubilación). Este mito tampoco es cierto. Se deja de lado el crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. Entonces el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. En consecuencia, en el año 2060 habrá más recursos para los pensionistas que los que hay hoy, porque sólo se utilizarían para los pensionistas el 15,1%, no de 100, sino de 223.

    Quinto mito: Asumir que las proyecciones (estimaciones) demográficas se cumplen

    Se puede rebatir, porque normalmente existen enormes dificultades en calcular cambios demográficos tan largos como a 50 años vista. Y un buen ejemplo de ello es que los bancos y las cajas publican desde hace tiempo informes anunciando el colapso de las pensiones (1992, 1998, 2002, 2005, 2009). Además, en cuanto a la evolución de la pirámide demográfica, lo importante en relación a las pensiones no es el número de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Y tanto el uno como el otro, hasta ahora al menos, han estado subiendo en España.

    Con esto, se terminan de desterrar los mitos sobre la inviabilidad del sistema español de pensiones.

    Todo lo anterior no impide que se haga imprescindible la reforma de ciertos criterios para el cálculo de pensiones:

    1) Impedir las prejubilaciones utilizadas por el mundo empresarial para realizar cambios en las plantillas.
    2) Flexibilización de la edad de jubilación para que aquellas personas que desearan jubilarse más tarde, lo pudieran hacer (pero siempre de forma voluntaria). Ver la jubilación como un derecho, no como una obligación.
   3) Que a los diputados y senadores no les baste sólo con siete años.

    Por último, ¿qué hay detrás del discurso del Gobierno? ¿Qué es lo que, desde hace tiempo, y no sólo en esta crisis, pretenden?

    Aquí ya dejamos los hechos objetivos y las cuestiones metodológicas y entramos en el terreno de las especulaciones, opiniones y creencias. El quid de la cuestión está en que desde hace décadas, las entidades financieras y de seguros privadas españolas pretenden “privatizar” la Seguridad Social por el atractivo que representa manejar esa enorme cantidad de dinero. En términos económicos, se trata de pasar de un sistema de reparto (el actual) a un sistema de capitalización individual gestionado por manos privadas (como hay en otros países como Chile).

    Concretamente, se plantea este escenario: en el nuevo sistema de pensiones habría un sistema de reparto universal mínimo (el actual devaluado, es decir, jubilación a los 70 y pensiones reducidas porque se actualizarían según índices menores que la inflación o los salarios), otro de cotización obligatoria (3-5% de la nómina de los trabajadores) y por último otro, también de cotización individual, voluntario.

    Para rizar el rizo, como la medida es impopular (se comprueba en Facebook, donde más de 200.000 personas se han unido a un grupo contra el retraso de la edad de jubilación a 67 años), los gobiernos estatales quieren hacer pasar la responsabilidad de su instauración a la Unión Europea. Ella sería la mala de la película “en favor de las generaciones futuras”.