Administración paralela

    En Andalucía, desde hace un tiempo, se ha creado una Administración paralela a través de un entramado institucional, consistente en fundaciones, empresas públicas y agencias, que hacen una duplicación de funciones y emplean a unas 35.000 personas, que usurpan puestos correspondientes a funcionarios por oposición. Por lo general, el único mérito de esas personas que conforman la Administración paralela es tener el carnet del PSOE, el partido que domina la región desde hace más de 30 años, el de la UGT o ser parientes de algún alto cargo de la política andaluza.
 
    Sobre la actitud de determinados funcionarios, evidentemente el problema no es sólo del funcionario que no trabaje o se caracterice por su dejadez e incompetencia, sino de los jefes que toleran esta situación y miran para otro lado. Y la solución para esto no pasa por crear una Administración paralela (sería como intentar curar una fractura de tibia amputando la pierna) sino exigiendo a los jefes que cumplan con sus obligaciones, organizando el trabajo, asignando tareas y comprobando si se ejecutan adecuadamente esas tareas. 
 
    Se ha criticado frecuentemente el sistema de acceso a la Función Pública a través de los sistemas de oposición y concurso-oposición, por considerar que no es el más adecuado para valorar la futura eficacia ni la motivación de ese funcionario. El examen de oposición valora los conocimientos adquiridos de una serie de temas que se exigen al opositor para lograr su plaza, pero es posible que flaquee a la hora de tener en cuenta otros aspectos igual de importantes en un futuro trabajador como son sus habilidades personales y sociales.

    Ahí podrían tener razón los que critican la inadecuación de las pruebas selectivas a efectos de valorar a las personas más adecuadas para ocupar unos puestos de trabajo, pero estando esa batalla perdida desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, lo lógico es que una vez que esos candidatos tomen posesión de su plaza existan procedimientos para valorar el grado de cumplimiento de esos funcionarios con sus obligaciones y poder exigirle responsabilidades en caso de incumplimiento. 
 
    Pero de ahí a querer consolidar una lacra aberrante como es el de la Administración paralela, cuyo acceso se basa en el enchufe y no en el mérito, y la privatización en la forma de gestión va un abismo y no es una solución adecuada.