Casta parasitaria española

    Con el mismo título del libro que el año pasado conmoció Italia, el periodista Daniel Montero publica "La Casta", que recoge en 280 páginas los privilegios de los profesionales de la política, en un momento muy delicado por el reciente escándalo social del caso Gürtel.

    El diario El Mundo publicó hace poco más de un mes un artículo relativo a esta cuestión, que se puede ver en el siguiente enlace:

http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2009/731/1255816803.html

    Sin embargo, este artículo y el libro del que habla puede que se hayan quedado cortos, pese a sus buenas intenciones.

    No sólo se trata de ministros, diputados, senadores o alcaldes. El número de altos cargos en las Administraciones Públicas (multipliquemos por cinco al menos respecto del total de los 80.000 electos directamente) ha subido como la espuma y el 99% de los mismos son polítícos.

    Tampoco se dice nada sobre las Cajas de Ahorros y otros organismos públicos (IVIMA, RTVE, las televisiones locales y regionales, RENFE, AENA o cientos de empresas públicas nacionales, autonómicas o municipales) que albergan un montón de enchufados y paniaguados del poder, con sueldos y prebendas más altas si cabe, y que suponen un derroche para nuestros bolsillos. Ahí sí que se debería empezar a meter la tijera, en vez de reducir gastos en I+D o congelar convocatorias de plazas de funcionarios.

    Además, aparte de todas las prebendas legales que se ha autoconcedido toda esta casta, está la madre del cordero, la corrupción generalizada que hace que los políticos corruptos de América Latina (nuestras antiguas colonias precisamente) parezcan monjitas de la caridad al lado de los que tenemos aquí.

    Porque no sólo han ido poco a poco en 30 años limando cualquier atisbo de control y seguimiento del gasto público (hoy los Tribunales de Cuentas son simples refrendadores de presupuestos sin ninguna capacidad sancionatoria o disciplinaria), sino que han establecido leyes penales ad hoc y diversos privilegios legislativos, como prescripciones de apenas tres o cinco años para delitos como el cohecho o malversación de fondos públicos, que hacen imposible, salvo que exista una caza mediática ya trazada de antemano (caso Gürtel, Roldán, Filesa), que algún político responda de sus delitos.

    ¿Cuántos políticos habrá que jamás hayan sido ni imputados por corrupción? ¿De los imputados cuántos han sido condenados? ¿De los condenados cuántos han estado en la cárcel en los últimos 30 años? ¿Y de éstos cuántos han devuelto lo robado?

    El gasto de personal, los gastos suntuarios, los viajes, las dietas o las pensiones no son nada comparable con el daño económico y social que implica la corrupción galopante. ¿O es que creemos que esas mordidas no son siempre directamente pagadas por el sufrido contribuyente en base a mayores impuestos o precios más altos?